A proposito del voto facultativo: el voto en contra

Nuevamente se ha planteado en el debate legislativo lo recomendable de asumir el sufragio optativo (o voto libre) en contraposición al vigente voto obligatorio (o sufragio coactivo).

La propuesta superaría la actual concepción del sufragio: deber - derecho, reservándolo exclusivamente a una libertad ciudadana a ser asumido de manera facultativa y optativa.

Nadie que busque potenciar las libertades políticas podría oponerse a esta iniciativa, que es disfrutada por otros países cuyas democracias son más antiguas y sólidas (EE.UU., Inglaterra, Suiza, entre otros), pero también la ensayan países que no tienen esta tradición como Colombia o Nicaragua, con contradictorios resultados.

En nuestro caso podríamos ensayar cuáles serían las ventajas posibles sobre el voto obligatorio:

a. Dejaría a la discrecionalidad del ciudadano el acto de sufragar.

b. Eliminaría la coacción (multas y estigmas) para estimular la participación política.

c. Daría mayor convicción a los votantes sobre sus opciones electorales.

d. Se identificaría mejor los niveles de conciencia política en nuestro país.

e. Se cumpliría cabalmente la libertad constitucional del elector (art. 31º), de otro lado desaparecería la coacción que refiere el art. 186º: “El proceso electoral debe ser pacífico y sin ningún tipo de presión, de lo contrario se estaría vulnerando el derecho a la libertad de elegir sin coacción”.

Si bien estas serían sus ventajas, es necesario observar su contraparte para tener una visión más objetiva y menos ideal, siguiendo las recomendaciones de Max Weber de sopesar los medios y sus consecuencias, previendo la idoneidad de los cambios respeto de los fines deseados, contemplar las posibilidades de éxito y tratar de prever las consecuencias no deseadas.

El voto voluntario, de admitirse a priori, objetaría características propias del vigente modelo constitucional, pues nuestro sistema democrático presenta tres cualidades que refuerzan el voto obligatorio:

1. Democracia de mayoría. El modelo democrático peruano es de mayoría, según el ideal roussoniano, anterior al modelo democrático de minoría (que practican hoy las sociedades avanzadas). Por tanto, la elección no sólo es discernimiento entre varias opciones, sino además que el gobierno cuente con una mayoría matemática, (art. 184º de la Constitución: “El Jurado Nacional de Elecciones dictará la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superen los dos tercios del número de votos emitidos”). El ideal del autor de El Contrato Social era la formación de un gobierno de mayoría calificada (absoluta y no simple). Hecho que no necesariamente se cumple con el voto facultativo.

2. Democracia de inclusión. Históricamente el Perú a tenido una democracia de exclusión (sexual, generacional, económica, educativa, laboral, etc.). Precisamente, su superación fue el establecimiento de una democracia de inclusión social: voto de los mayores de 21 años (1933), voto de la mujer (1956), voto de los mayores de 18 años (1978), voto de los analfabetos (1980), voto de los militares (2005), etc. La “democracia” de la denominada “República Aristocrática” (1895-1920) representaba a menos del 1 % de la población total del país, en este caso la exclusión electoral hacia una ficción la democracia y la representación de la mayoría. Con el voto facultativo votarían los más informados y politizados, configurándose una nueva exclusión contra los menos ilustrados.

3. Democracia de consenso. Las experiencias de 1948, 1962, 1968 y 1992, demuestran que cuando se quiebra el consenso político el modelo colapsa. La Constitución de 1933 estableció un sistema electoral que ungía al Presidente con mayoría simple, hecho que propicio permanente inestabilidad política. Para fortalecer la democracia de mayoría la Constitución de 1979 incluyó la Segunda Vuelta electoral o ballotage –tomado del sistema francés-, para que el Presidente cuente con amplio respaldo electoral y consenso entre las fuerzas políticas (art. 111º de la Constitución). La segunda votación debía reforzar al mandatario y ungirlo con el mayor consenso posible. Una de las consecuencias del voto facultativo es la eliminación de esta institución.

En este caso sobre el ideal debe primar el realismo, sobre la conveniencia su sentido de oportunidad. Hoy día se ha llegado a comprobar que la democracia es un sistema que posee variados tiempos y es un proceso evolutivo, no es comparable la realidad inglesa de democracia madura, con la democracia incipiente –primitiva la han llamado algunos- de nuestras sociedades.

El voto optativo ha tenido éxito en sociedades de mayor integración cultural y cívica, cuyo aprendizaje democrático ha demandado varios siglos. Países donde existen sistemas de partidos sólidos, especialmente bipartidistas (EE.UU. e Inglaterra), donde se practican periódicas y obligatorias elecciones primarias, que no es nuestro caso, y donde el voto tiende a polarizarse entre grandes formaciones partidistas, evitando la dispersión de curules y la fragmentación política.

En nuestro caso, nuestro sistema de partidos en los últimos veinticinco años ha tendido al pluralismo extremo, en las elecciones de 1980 se presentaron 15 formaciones políticas, en 1990 concurrieron 15 y en el 2006 se presentaron no menos de 20, a pesar de la valla electoral y la Ley de Partidos Políticos. Eso constata la fragmentación del escenario electoral. Peor aún, no existe tradición de elecciones primarias, planteadas como obligatorias por la Ley 28094.

Esta dispersión produce inevitablemente una atomización de la representación política, consolidando el sistema de pluralismo no moderado. Para salvar este impase concurre la Segunda Vueltaest e elecciones primarias, planteadas como obligatorias por la Ley 28094.

s de 198'tiende a polarizarse entre grandes formacion electoral para darle consistencia, fundamentalmente al Ejecutivo.

El modelo democrático de mayoría no es sólo un cuerpo que se funda en una proporción matemática de votos, sino en la creencia de representar una voluntad general, si esta se pone en duda entonces el sistema pierde su legitimidad consensual.

El voto optativo es volátil. Debemos analizar una encuesta efectuada en el 2002, a la pregunta ¿Si no existiera multa asistiría a sufragar? La respuesta fue 25 % si, 75 % no. Mucho depende de los resultados institucionales para motivar a los electores. Si eventualmente la gestión gubernamental no fuese óptima: ¿Acrecentaría el ausentismo o deserción electoral? Si desmotiva, en términos porcentuales significa que la democracia peruana que se sostiene en 16 millones de electores, con el voto optativo se podría sustentar en poco más de 3 millones de electores. Así, un Presidente hipotéticamente sería ungido, por la dispersión electoral, con menos de 500 mil votos. Hecho que es indiscutible en una democracia de minoría, pero hartamente polémico en una democracia de mayoría que se sustenta en amplios consensos.

¿ma democrático presenta tres caza para la ONPEy coaccirta. Hoy con multas el ausentismo promedio de las últimas dos décadas fue del 20 %. Sin esta obligatoriedad y en crisis de representación, ¿Cuántos de los 200 electores por mesa podríamos atraer al acto de sufragio?, la respuesta es incierta. En términos administrativos el hecho es más complejo, si el voto fuese voluntario, la conformación de los miembros de mesa debería ser también optativo y no coptativo como es ahora. Se requerían 600 mil voluntarios (3 miembros titulares y 3 suplentes por cada mesa electoral) para cubrir 100 mil mesas de sufragio (N. Loredo), que actualmente a pesar de las multas y coacción sigue siendo un dolor de cabeza para la ONPE. En su defecto se debería contratar o hacer que se cumple el SECIGRA – Derecho por esta vía.

Ninguno de estos argumentos pretende invalidar las bondades del voto libre; no obstante, planteamos nuestros reparos a su oportunidad, cuando la democracia, a veces producto de sus pésimos actores, es seriamente cuestionada por los propios electores.

Resumamos: el voto libre es la fase superior del desarrollo institucional y no su fase inicial, como es nuestro caso. No hagamos, como en otros temas, de un buen deseo una pésima imitación, ni de una noble ilusión un triste resultado, por todo ello voto en contra.