REFORMA: DISCREPANCIA Y CONSENSO

Estamos ante una oportunidad única  para reformar la legislación electoral. Hay pluralidad de actores: Congreso, Ejecutivo, JNE, partidos políticos y ONGs. Existen dos proyectos de Código Electoral (Congreso y JNE), dos iniciativas parciales (Consejo de Ministros y Transparencia) y casi medio centenar de iniciativas individuales. No obstante, todo ello se puede perder si equivocamos las prioridades para debatir y los plazos para legislar.

Con razones justificadas se pretende Reformar la Constitución (Bicameralidad, voto facultativo o reelección de alcaldes) y simultáneamente reformar la ley electoral. Si todos coincidimos que un año antes de un proceso electoral  el Congreso debe abstenerse de legislar o modificar la ley electoral es casi imposible reformar la Constitución de aquí al  7 de octubre, pues no se cumpliría el mandato del art. 206 de la Constitución, que exige dos legislaturas ordinarias para el cambio de la Carta Magna. Así, deberíamos priorizar el Código Electoral para encarar las inminentes elecciones regionales y municipales del 2018 y dejar las Reformas Constitucionales para las elecciones generales del 2021.

Para aprobar el Código Electoral se requiere un debate sistemático que ponga énfasis en lo principal sobre lo accesorio, en lo sustantivo sobre lo adjetivo; desde nuestro punto de vista son tres los temas reclamados por los electores: I) La consistencia de las organizaciones políticas, II) El financiamiento de éstas y III) La idoneidad de los candidatos a cargos de representación.

• - Organizaciones políticas: Hay consenso en las cuotas (femenina, joven y nativa) con alternancia; desacuerdo: primarias obligatorias -con participación de organismos electorales- , inscripción ante el registro de organizaciones políticas (ROP) con el 4% (733,000 firmas) o con el 1 % (183,000 firmas).

• - Financiamiento: Consenso en relación al aporte máximo 200 UIT por persona natural o jurídica, prohibición de aportes anónimos, bancarización de aportes; discrepancias: Prohibición de aportes de personas jurídicas que tengan menos de tres años de domicilio en el país.

• - Candidatos: Coincidencias en relación a prohibir participación de deudores alimenticios morosos, deudores de reparaciones civiles y requerir una hoja de vida transparente y detallada; sin acuerdo: prohibir postular a aquellos que tengan sentencia condenatoria en segunda instancia por comisión de delito doloso, levantamiento del secreto bancario por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a los

Queda por debatir dadivas, encuestas y distrito en el exterior; todo ello completaría el círculo virtuoso: partidos democráticos, financiamiento transparente y candidatos intachables.